El pasado jueves 4 de
abril se celebró con una semana de retraso el Pleno Ordinario correspondiente
al mes de marzo. Fue un Pleno bastante cargadito y farragoso, en el que se
trataron diferentes temas.
Comenzaremos por el principio. Cuando se iba
a ratificar el acta de la sesión
anterior el portavoz del Grupo Socialista en la Oposición preguntó si se
había notificado al concejal dimitido, don Francisco Joaquín López Ruiz, la
celebración del anterior Pleno Extraordinario dónde se iba a tratar la renuncia
al acta de concejal del mencionado señor. Admitiendo el alcalde, que si se le había notificado (según dijo, “verbalmente”) y
desmintiendo de esta manera las afirmaciones que realizó el citado concejal en
prensa, donde manifestaba “no haber asistido al Pleno por no haber recibido
notificación alguna”.
Luego entre los diferentes puntos que se
trataron en el Orden del día, el alcalde
dio cuenta del informe de Subdelegación del Gobierno relativo a la modificación
del presupuesto municipal que se pretendía realizar con la intención de
contemplar la creación de una plaza de administrativo. Informe que finalmente ha sido desfavorable a la pretensión del
ayuntamiento. El portavoz del PSOE preguntó ¿por qué no se había notificado
oficialmente a la Oposición,
en su momento, el contenido de dicho informe (ya que era parte implicada al
haber interpuesto un recurso de reposición relativo al asunto)?, y el alcalde
no supo dar una respuesta convincente. Procediendo posteriormente a reprochar a
la Oposición
su postura en este tema, llegando incluso a preguntarse, “el por qué de la inquina hacia el señor que aspiraba ocupar esa plaza de administrativo”. Contestando
los concejales del PSOE, que a este señor no se le tenía ninguna inquina
personal, que incluso en la anterior Legislatura se le subió el sueldo, pero
que tanto el informe preceptivo de la secretaria del ayuntamiento como el informe de la Subdelegación del
Gobierno desaconsejaban continuar con
dicho procedimiento porque no se atenía a legalidad. El portavoz del PSOE
manifestó, “que lo que no es normal es la postura del PP de Cádiar en todo este
asunto”, y, le preguntó al señor alcalde “si estaría dispuesto a saltarse la
legalidad para favorecer los intereses personales de este señor”, a lo que el
alcalde contestó “que no”.
Otro de los temas que se trataron en el Pleno
fue la modificación del Presupuesto
Municipal para recortar la partida presupuestaria destinada a gastos de
personal como consecuencia de las recomendaciones de Hacienda derivadas del
Plan de Ajuste al que se está sometiendo actualmente el Ayuntamiento, en el
que se ha establecido un techo de gasto para
el presupuesto de este año de 900.000 €. El señor alcalde manifestó, no
saber todavía como se iba a materializar dicho ajuste. Desde el PSOE se le
dieron algunas sugerencias: entre las que se encontraba la de suprimir el convenio del seguro privado que
tiene contraído el ayuntamiento con una determinada compañía para dar cobertura
médica a un funcionario del ayuntamiento y a su familia, y derivarlo a éste a la Seguridad Social
(ya que es el único funcionario en plantilla que goza de este privilegio), esta
medida no es que vaya a suponer un gran ahorro para las arcas públicas, pero
por algún sitio habrá que empezar a recortar. Ante esta propuesta, se produjo
una reacción surrealista por parte del alcalde, sosteniendo que eso no se podía
hacer y que el funcionario se quedaría sin cobertura médica, algo que resulta
del todo falso, puesto que el resto de la plantilla hace tiempo ya que recibe
la prestación de asistencia médica a través de la Seguridad Social.
Se propuso también, que antes de
plantearse proceder a despidos indiscriminados se intente como alternativa
reducir la jornada del personal laboral en un 25%, con el consiguiente ahorro
que ello conllevaría.
En otro momento del Pleno, se procedió a
debatir las dos mociones que presentó el Grupo Socialista:
La primera moción
hacia referencia al anteproyecto presentado por el Gobierno Central relativo a la Reforma de la Administración Local. En nuestra moción pedíamos entre
otras cosas, la retirada de la proposición de Ley, y lo hacíamos porque entendíamos que dicha propuesta de Reforma perjudicaría ostensiblemente la autonomía y
la independencia Local, abriendo las puertas a la intervención de los
ayuntamientos pequeños por parte de la Diputaciones
Provinciales, asumiendo éstas determinadas competencias municipales
en caso de insolvencia, (consiguiendo de esta manera la mercantilización de
determinados servicios municipales por parte de las diputaciones). El
alcalde intentó con su argumentación deslegitimar el sentido de nuestra moción,
que por otro lado fue presentada en el pasado mes de febrero, en cualquier
caso, desde el partido socialista y desde otros estamentos políticos y sociales
se ha pedido insistentemente la derogación de la mencionada propuesta de Ley, y
abrir posteriormente el consiguiente proceso de negociación para encontrar un
consenso que aglutine a todas las fuerzas políticas. Incluso, desde dentro del
propio PP ha habido alcaldes que han sido muy críticos con el contenido de la propuesta
de Ley, hasta el punto de pedirle a su Gobierno que diera marcha atrás, claro
que para eso hay que saber anteponer los intereses de los municipios a la
disciplina política que imponen los partidos, algo, que visto lo visto, no
parece que se encuentre entre las virtudes de nuestro alcalde. La moción fue rechazada con los votos del
PP.
La segunda moción
presentada por el Grupo Socialista hacia
referencia al Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en nuestra provincia (el reciclaje de la basura). El partido popular, a través de su
presidente provincial Sebastián Pérez, ha disuelto el Consorcio Provincial de
Residuos Sólidos Urbanos, RESUR. Según el PP la causa de dicha disolución es la
enorme deuda que acumulaba. Lo que no explica el PP es que gran parte de esa
deuda se correspondía con los ayuntamientos grandes de la provincia (15
millones de euros, el 60 % de la deuda se correspondía con los ayuntamientos de
Granada y de Motril) y en vez de hacerles pagar a estos ayuntamientos, han
decidido disolver el consorcio para crear otro nuevo organismo llamado RSU. Todo ello con la intención de controlar la
gestión de este servicio. Todo lo anterior se traducirá en un encarecimiento
del servicio que implicará una mayor aportación por parte de los municipios y
una posible imposición de una nueva tasa por la recogida de basura a los
vecinos.
Un nuevo atentado contra la autonomía local, con
la única pretensión por parte de la Diputación, de hacer negocio con un servicio público.
En la
medida que el proceso parece irreversible,
desde el PSOE optamos, a través de nuestra moción, por realizar algunas sugerencias
que mejorasen las condiciones del convenio. La moción fue rechazada con los votos del PP.
Por hoy ya esta bien.
En próximas entradas
continuaremos analizando el pasado Pleno.