MANIFIESTO: “LA LEY DE DEPENDENCIA AGONIZA”

Ante los continuos recortes en política social, ante una reforma de la administración local que prevé la reducción al mínimo de las competencias municipales en materia de política social, ante el intento de privatizar los servicios públicos sociales, ante la falta de compromiso para desarrollar la Ley de Dependencia y hacerla viable, ante todo ello, trasladamos el siguiente MANIFIESTO: 

Hace un año, poquito más de un año, que el maldito RDL 20/2012, de 13 de Julio, daba el empujón definitivo hacia la indigencia, la exclusión social y la beneficencia a cientos de miles de personas beneficiarias de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El estrangulamiento de esta Ley, y por tanto de todas las personas en situación de dependencia, se ha hecho de forma controlada, midiendo los tiempos y los pasos a dar. Nunca podemos olvidar que esta ley no tiene detrás solo estadísticas o cifras, tiene personas, en la mayoría de los casos, con situaciones dramáticas.

El Gobierno de España y los Ejecutivos Autonómicos de su mismo color político ven en estas personas, y repetimos bien alto PERSONAS, un colectivo improductivo en el que las administraciones públicas no deben "gastar" ni un euro.

 Una Sociedad que se considere justa y democrática, no puede ni debe permitir que queden por el camino todas aquellas personas a los que distintas circunstancias les han llevado a una vida diaria dramática y que esta Ley, con todas sus dificultades y fallos, les había abierto una vía de esperanza para mitigar sus dificultades y disfrutar de una vida más digna.

Llevamos escuchando desde tres días antes de las últimas elecciones generales, en Noviembre de 2011, por parte de los responsables del Partido Popular la frase clave para el desmantelamiento de "nuestra Ley".- LA LEY DE DEPENDENCIA NO ES VIABLE.

Ese mantra que se repite una y otra vez para justificar lo injustificable puede y debe ser rebatido con un argumento claro y contundente.

“NO ES UNA CUESTION ECONÓMICA, ES UNA CUESTION IDEOLÓGICA”.

La Ley de Dependencia, hasta antes de los hachazos recibidos, suponía únicamente el 0,57% del P.I.B., es decir, apenas 6.000 millones de Euros del presupuesto nacional y no llegaba ni al 8% del total del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales e Igualdad.

No es creíble el burdo argumento de la sostenibilidad y la racionalidad de la Ley en base al recorte constante de la financiación de la misma.

Lo único que se pretende es ahogar a los dependientes y ponerlos como ejemplo al resto de la ciudadanía para mostrar que el camino a seguir por parte de la Sociedad no es otro que acudir a las aseguradora privadas, empujar a todos y todas a añadir a los seguros habituales en sus vidas, vivienda, coche, incendios, el de DEPENDENCIA.

Es curioso, muy curioso, que al mismo tiempo que se va demoliendo la Ley van surgiendo aseguradoras que ofrecen prestaciones y servicios a los que hasta ahora ponía al alcance de todos los ciudadanos "nuestra Ley", y mucho más curioso aún es comprobar cómo los "argumentos" que ofrecen los comerciales de esas entidades privadas SON LOS MISMOS que escuchamos de nuestros "gobernantes".

El pastel de la dependencia está en el escaparate y hay muchos intereses para poder repartirse:

• Se acusa y se lanza el manto de la sospecha de "fraude" a los cuidadores familiares.- RESULTA IRONICO ESCUCHAR ESO EN ESTOS MOMENTO.

• Se despide a miles y miles de trabajadores sociales vinculados con la Dependencia.

• Se vacía de financiación los servicios y prestaciones incluidas en la Ley.

• Se aprueba una reforma de régimen local, que termina de entregar a las empresas privadas un servicio, como es el de ayuda a domicilio, al dejar vacío de competencias a la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país.

• YA HA SURGIDO EL LLAMADO CHEQUE DE AYUDA A DOMICILIO.
De hecho, en algunas Comunidades Autónomas ya se ha implantado.

LA TASA DE REPOSICIÓN ES NEGATIVA: NO ESTÁN INCLUYENDO NUEVOS BENEFICIARIOS AL SISTEMA, SIMPLEMENTE ESTAN DESCONTANDO TODOS LOS FALLECIDOS, MILES Y MILES, QUE NI SIQUIERA HAN LLEGADO A RECIBIR LAS PRESTACIONES QUE POR LEY LES CORRESPONDÍA.- DOS AÑOS DE MARGEN SE DAN ELLOS MISMOS-

La sociedad española en general, no debe permitir que se despojen de sus derechos a cientos de miles de personas que, muchas de ellas, ni siquiera tienen conciencia de su situación. La salud es muy caprichosa y se pierde con mucha facilidad y en cuestión de segundos nos convierte en DEPENDIENTES.

¡¡¡POR EL RESPETO, LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL!!!

¡¡¡TODAS Y TODOS JUNTOS PODEMOS!!!

COORDINADORA ESTATAL PLATAFORMAS EN DEFENSA LEY DE DEPENDENCIA (COES-LAPAD).

EN MADRID A 19 DE JULIO DE 2013.

TRATO DE PRIVILEGIO O TRATO IGUALITARIO.

En el pasado Pleno Ordinario del mes de marzo fue objeto de debate la prestación de asistencia sanitaria de los empleados municipales.

Como bien es sabido, en el ayuntamiento de Cádiar hay un sólo funcionario que recibe la atención sanitaria a través de un concierto con una Mutualidad privada, dicha prestación es extensiva a su cónyuge e hijos dependientes. El resto de empleados municipales reciben la atención médica a través de un concierto con la Seguridad Social.

El mantenimiento de dicha póliza privada supone un gravamen para las arcas públicas puesto que implica un coste económico superior para el Ayuntamiento. Algo, que se debería de tener en cuenta en la actual situación de crisis económica, sobre todo, cuando el Ayuntamiento tiene que hacer frente a los duros condicionantes que establece el actual Plan de Ajuste al que se están sometiendo las cuentas públicas del Consistorio.

Dicha situación de excepcionalidad implica, a su vez, un agravio comparativo con el resto de funcionarios del ayuntamiento. Por otro lado, entendemos que el cambio al régimen de la Seguridad Social no tiene porque suponer un perjuicio en las garantías de cobertura médica a las que tiene derecho el mencionado funcionario.

En el pasado Pleno del mes de marzo, el señor Alcalde llegó a afirmar en público “que de producirse el cambio no se podría garantizar la asistencia sanitaria del funcionario”, algo que resulta a todas luces absurdo. La afirmación del señor alcalde motivó que el portavoz del Grupo Socialista solicitara un informe técnico al respecto a la Secretaría del Ayuntamiento. 

De la lectura del mismo se deduce que el mantenimiento de dicha póliza privada no supone ninguna irregularidad (siempre y cuando el funcionario estuviera acogido a dicha modalidad antes del 30 de abril de 1993). Aunque deja también muy claro, que la decisión de mantener dicha póliza privada es una decisión discrecional del Pleno del Ayuntamiento. Es decir, que si los diferentes grupos políticos con representación en el Pleno consideraran oportuno revertir esa situación estarían plenamente legitimados para ello.

Conclusión a la que llega la secretaria en su informe:

“Si el ayuntamiento de Cádiar decide prescindir de dicha póliza sanitaria por motivos económicos, no está justificado mantener dicha póliza para un solo funcionario que pasando al sistema sanitario público tendría cubiertas todas sus coberturas, no causándole indefensión alguna a dicho funcionario con tal decisión, por lo tanto de esta forma se cumpliría con las pretensiones del Legislador de establecimiento de un sistema único y público dando por terminada esta situación transitoria y evitando así establecer agravios comparativos con el resto de funcionarios”.