La primera entrada que realizamos en éste Blog fue para denunciar, lo que a nuestro entender, era una gran injusticia por parte del nuevo equipo de gobierno municipal. Estamos hablando del despido injustificado de un trabajador público del Ayuntamiento de Cádiar que llevaba once años consecutivos trabajando para el Consistorio.
En dicha entrada advertíamos de las posibles consecuencias negativas que tendría para el Ayuntamiento la denuncia por despido del mencionado trabajador ante los tribunales de Justicia. Pues bien, ya se ha producido una resolución judicial en dicho procedimiento. El juzgado de lo Social nº 4 de Granada se pronuncia en los siguientes términos:
1º.- Reconoce de manera inequívoca que la relación laboral que mantenía el trabajador con el Ayuntamiento era de carácter indefinido.
2º.- Reconoce que el despido fue Improcedente.
3º.- Emplaza al Ayuntamiento a la readmisión del trabajador en su antiguo puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía con anterioridad al despido o en su defecto al pago de una indemnización equivalente a los años trabajados.
4º.- Emplaza también al Ayuntamiento a pagar los salarios atrasados, así como los gastos sociales correspondientes desde que se produce el despido hasta el momento en que se notifica la sentencia.
Entre unas cosas y otras, estamos hablando de una indemnización para el trabajador que rondaría los 24.000 mil euros (cuatro millones de las antiguas pesetas), a lo que habría que sumarle el pago de los seguros sociales. Huelga decir que el Ayuntamiento en un acto de irresponsabilidad se ha negado a readmitir al trabajador en su antiguo puesto de trabajo y ha optado por la indemnización.
Cualquiera que quiera consultar el fallo de la sentencia puede pinchar en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/open?id=0B0-6hCvwdljTNzJiYzVmNzAtYTllYy00M2FlLWJlZDItYjZhNDE0ZWVjNTAy
https://docs.google.com/open?id=0B0-6hCvwdljTNzJiYzVmNzAtYTllYy00M2FlLWJlZDItYjZhNDE0ZWVjNTAy
Ante todo esto sólo cabe hacer una reflexión:
No hay derecho desde un punto de vista moral y ético al escarnio público que se está sometiendo a este trabajador que además de ser un hombre honrado es un padre de familia ejemplar.
No hay derecho a que se juegue con el dinero público de todos para dar rienda suelta al afán revanchista y vengativo de unos políticos que no respetan nada.
No hay derecho a que desde una administración pública no se tenga en cuenta los derechos más elementales de los trabajadores.
No hay derecho a que se utilicen las instituciones y el poder para realizar ajustes de cuentas, venganzas personales y persecuciones políticas.
NO HAY DERECHO.
