LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

El pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de la Reforma de la Administración Local. Una reforma que a nuestro entender atenta directamente contra nuestros derechos y contra la autonomía de los ayuntamientos.

Una Reforma que supone un viaje en el tiempo a la etapa franquista, con alcaldes y alcaldesas pidiendo en las puertas de las Diputaciones.

Las Diputaciones dejan de estar al servicio de los Ayuntamientos para que los ayuntamientos estén al servicio de las Diputaciones.

Se recorta la autonomía local de los Ayuntamientos y su capacidad de gestión. Es el fin de la concertación local, del diálogo entre diputaciones y Ayuntamientos, el regreso de las diputaciones como entes supramunicipales. Esta Ley convierte a los ayuntamientos en pedigüeños a merced de la voluntad del presidente de turno. Volvemos a los años 70 pretendiendo privatizar servicios públicos municipales y eliminando de paso derechos básicos de los ciudadanos.

En base a todo lo anterior nos preguntamos:

-         ¿Con qué legitimidad democrática cuentan las Diputaciones para sustituir la acción de los municipios intervenidos, cuyos representantes han sido elegidos por el pueblo y en los que el signo político de las respectivas mayorías puede ser divergente?

-         ¿Qué se va a hacer con sus representantes cuando pierdan la gestión de todos, la mayoría o los más importantes servicios mínimos y obligatorios en caso de evaluación negativa? ¿Podrán las Diputaciones asumir el reto de llevar a cabo la prestación directa de dichos servicios?

-         ¿Cómo volverán las competencias a los Municipios?

-         ¿Cómo se evalúa si el ejercicio de la competencia por sustitución de la Diputación se atiene, por su parte a criterios de calidad o eficiencia?

Al amparo de esta ley se pretende regular también las retribuciones de los cargos públicos municipales. Algo que en Andalucía ya existe tras el acuerdo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. En el caso de nuestro Municipio no nos afecta en lo más mínimo la promulgación de la Ley.  Ningún Alcalde en Cádiar, hasta la fecha, ha tenido un Régimen de dedicación exclusiva ni ha cobrado el máximo permitido (si aplicáramos los criterios contemplados en la propuesta de Ley). Por no cobrar no se cobran ni las dietas por asistencia a Pleno.

El PP ha lanzado, a la par que presentaba el documento de anteproyecto de reforma local, la necesidad de recortar un 30 % el número de miembros de las corporaciones locales, según tramos de población, como una medida de ahorro a las arcas públicas. Pero como ya hemos dicho anteriormente en el caso de nuestro ayuntamiento, como en el resto de ayuntamientos, no tiene mucho sentido dicha propuesta porque el 80% de los concejales no reciben retribución alguna, en el caso de Cádiar ninguno cobra nada. Lo único que consiguen con esta reforma es reducir la representación y los equipos de trabajo en los ayuntamientos. Sin embargo, no se plantean en ningún momento reducir o limitar el número de asesores o cargos de libre designación en los grandes ayuntamientos, entre otras cosas, porque las grandes ciudades dónde trabajan éstos cargos están gobernadas, casi todas ellas, por el PP.

Esta reforma limitará la autonomía local, alejará a la administración de los ciudadanos, supondrá la eliminación de determinados servicios municipales, traerá más paro, dejará a los pueblos a la gracia de Dios y sólo servirá para que las Diputaciones hagan negocio con la explotación de determinados servicios públicos (como son la gestión del agua, de la recogida de basura, etc, etc..).