Ya comentamos en una entrada anterior del Blog, que
determinadas facturas se colaron de tapadillo y a escondidas dentro del Plan de
pago a proveedores que se tramitó, en su momento, a instancias del Gobierno
Central.
Una de las facturas contempladas en dicho Plan de
Ajuste (que ofrecía serias dudas en cuanto a su
legitimidad) es una factura con la
minuta de un determinado bufete de abogados que prestó asesoramiento jurídico a los concejales del PP implicados en una serie
de procesos judiciales.
Será mejor que pongamos a todos en antecedentes:
En la anterior
etapa de gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Cádiar se produjeron una
serie de acuerdos plenarios en los que se concedieron determinadas licencias de
obras con los informes negativos de los técnicos municipales. En dichos
acuerdos plenarios, la oposición de entonces del PSOE votó conjuntamente con el
equipo de gobierno del PP a favor de conceder dichas licencias de obras. Todo
esto propició que la Fiscalía actuara de
oficio y que se produjeran una serie de juicios que se desarrollaron en la
siguiente Legislatura, cuando el PP se encontraba ya en la Oposición, juicios de
los que afortunadamente “todos” salieron exonerados de cualquier
responsabilidad penal.
Pues bien, lo sorprendente del tema es que ha sido
ahora, en la actual Legislatura, (cuando el PP vuelve a gobernar en el
Consistorio), cuando se han reconocido
dichas facturas como deuda del ayuntamiento, a pesar de que la contratación de
los mencionados abogados se realizó en su momento por los concejales del PP a
título particular.
No existe ni ha existido ningún contrato que vincule
al Ayuntamiento con dichos servicios jurídicos. No existe ni ha existido ningún
acuerdo plenario que avale dichas contrataciones. Ni tan siquiera se ha
informado al Pleno de dicha circunstancia (ni
durante la anterior Legislatura ni en la actual). Nos hemos enterado de la existencia de dichas facturas al revisar
el origen de todas las facturas contempladas dentro del Plan de
Pago a Proveedores.
Las facturas,
de los abogados en cuestión que prestaron asistencia legal a los concejales del
PP, ascendieron a la cantidad de 9.270 €.
Si
sorprendente resulta todo lo anterior, mucho más sorprendente resulta aún que
no se informara a la Oposición
del reconocimiento de dicha deuda por parte del Ayuntamiento e incluso que no
se emplazara al partido Socialista para que presentara las facturas correspondientes
con la minuta de los abogados que les representaron a ellos.
Resumiendo, para que se entienda, el Equipo de
Gobierno del PP reconoce como deuda pública del Ayuntamiento los costes de la
defensa de los concejales del PP y no hace lo propio con los costes de la
defensa de los exconcejales del PSOE (implicados en los mismos juicios y por
las mismas razones).
Los abogados
del PP han cobrado ya y los del PSOE están a expensas de que se quiera
reconocer esa deuda por parte del Ayuntamiento y se decidan a pagar.
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