PLENO DEL MES DE MARZO.

El pasado jueves 4 de abril se celebró con una semana de retraso el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo. Fue un Pleno bastante cargadito y farragoso, en el que se trataron diferentes temas.

Comenzaremos por el principio. Cuando se iba a  ratificar el acta de la sesión anterior el portavoz del Grupo Socialista en la Oposición preguntó si se había notificado al concejal dimitido, don Francisco Joaquín López Ruiz, la celebración del anterior Pleno Extraordinario dónde se iba a tratar la renuncia al acta de concejal del mencionado señor. Admitiendo el  alcalde, que si se le había notificado (según dijo, “verbalmente”) y desmintiendo de esta manera las afirmaciones que realizó el citado concejal en prensa, donde manifestaba “no haber asistido al Pleno por no haber recibido notificación alguna”. 

Luego entre los diferentes puntos que se trataron en el Orden del día, el alcalde dio cuenta del informe de Subdelegación del Gobierno relativo a la modificación del presupuesto municipal que se pretendía realizar con la intención de contemplar la creación de una plaza de administrativo. Informe que finalmente ha sido desfavorable a la pretensión del ayuntamiento. El portavoz del PSOE preguntó ¿por qué no se había notificado oficialmente a la Oposición, en su momento, el contenido de dicho informe (ya que era parte implicada al haber interpuesto un recurso de reposición relativo al asunto)?, y el alcalde no supo dar una respuesta convincente. Procediendo posteriormente a reprochar a la Oposición su postura en este tema, llegando incluso a preguntarse, “el por qué de la inquina hacia el señor que aspiraba  ocupar esa plaza de administrativo”. Contestando los concejales del PSOE, que a este señor no se le tenía ninguna inquina personal, que incluso en la anterior Legislatura se le subió el sueldo, pero que tanto  el informe preceptivo de la secretaria del ayuntamiento como  el informe de la Subdelegación del Gobierno  desaconsejaban continuar con dicho procedimiento porque no se atenía a legalidad. El portavoz del PSOE manifestó, “que lo que no es normal es la postura del PP de Cádiar en todo este asunto”, y, le preguntó al señor alcalde “si estaría dispuesto a saltarse la legalidad para favorecer los intereses personales de este señor”, a lo que el alcalde contestó “que no”.    

Otro de los temas que se trataron en el Pleno fue la modificación del Presupuesto Municipal para recortar la partida presupuestaria destinada a gastos de personal como consecuencia de las recomendaciones de Hacienda derivadas del Plan de Ajuste al que se está sometiendo actualmente el Ayuntamiento, en el que se ha establecido un techo de gasto para  el presupuesto de este año de 900.000 €. El señor alcalde manifestó, no saber todavía como se iba a materializar dicho ajuste. Desde el PSOE se le dieron algunas sugerencias: entre las que se encontraba la de suprimir el convenio del seguro privado que tiene contraído el ayuntamiento con una determinada compañía para dar cobertura médica a un funcionario del ayuntamiento y a su familia, y derivarlo a éste a la Seguridad Social (ya que es el único funcionario en plantilla que goza de este privilegio), esta medida no es que vaya a suponer un gran ahorro para las arcas públicas, pero por algún sitio habrá que empezar a recortar. Ante esta propuesta, se produjo una reacción surrealista por parte del alcalde, sosteniendo que eso no se podía hacer y que el funcionario se quedaría sin cobertura médica, algo que resulta del todo falso, puesto que el resto de la plantilla hace tiempo ya que recibe la prestación de asistencia médica a través de la Seguridad Social. Se propuso también, que antes de plantearse proceder a despidos indiscriminados se intente como alternativa reducir la jornada del personal laboral en un 25%, con el consiguiente ahorro que ello conllevaría.

En otro momento del Pleno, se procedió a debatir las dos mociones que presentó el Grupo Socialista:

La primera moción hacia referencia al anteproyecto presentado por el Gobierno Central relativo a la Reforma de la Administración Local. En nuestra moción pedíamos entre otras cosas, la retirada de la proposición de Ley, y lo hacíamos  porque entendíamos que dicha propuesta de Reforma perjudicaría ostensiblemente la autonomía y la independencia Local, abriendo las puertas a la intervención de los ayuntamientos pequeños por parte de la Diputaciones Provinciales, asumiendo éstas determinadas competencias municipales en caso de insolvencia, (consiguiendo de esta manera la mercantilización de determinados servicios municipales por parte de las diputaciones). El alcalde intentó con su argumentación deslegitimar el sentido de nuestra moción, que por otro lado fue presentada en el pasado mes de febrero, en cualquier caso, desde el partido socialista y desde otros estamentos políticos y sociales se ha pedido insistentemente la derogación de la mencionada propuesta de Ley, y abrir posteriormente el consiguiente proceso de negociación para encontrar un consenso que aglutine a todas las fuerzas políticas. Incluso, desde dentro del propio PP ha habido alcaldes que han sido muy críticos con el contenido de la propuesta de Ley, hasta el punto de pedirle a su Gobierno que diera marcha atrás, claro que para eso hay que saber anteponer los intereses de los municipios a la disciplina política que imponen los partidos, algo, que visto lo visto, no parece que se encuentre entre las virtudes de nuestro alcalde. La moción fue rechazada con los votos del PP. 

La segunda moción presentada por el Grupo Socialista  hacia referencia al Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en nuestra provincia (el reciclaje de la basura). El partido popular, a través de su presidente provincial Sebastián Pérez, ha disuelto el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, RESUR. Según el PP la causa de dicha disolución es la enorme deuda que acumulaba. Lo que no explica el PP es que gran parte de esa deuda se correspondía con los ayuntamientos grandes de la provincia (15 millones de euros, el 60 % de la deuda se correspondía con los ayuntamientos de Granada y de Motril) y en vez de hacerles pagar a estos ayuntamientos, han decidido disolver el consorcio para crear otro nuevo organismo llamado RSU. Todo ello con la intención de controlar la gestión de este servicio. Todo lo anterior se traducirá en un encarecimiento del servicio que implicará una mayor aportación por parte de los municipios y una posible imposición de una nueva tasa por la recogida de basura a los vecinos.

Un nuevo atentado contra la autonomía local, con la única pretensión por parte de la Diputación, de hacer negocio con un servicio público.

 En la medida  que el proceso parece irreversible, desde el PSOE optamos, a través de nuestra moción, por realizar algunas sugerencias que mejorasen las condiciones del convenio. La moción fue rechazada con los votos del PP.

Por hoy ya esta bien.

En próximas entradas continuaremos analizando el pasado Pleno.