miércoles, 9 de abril de 2014

DUDAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN VIVIENDAS SOCIALES DE CÁDIAR

El artículo 47 de la Constitución Española establece que “ todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Desgraciadamente, no siempre se cumple con este derecho fundamental. Aunque, si debe de ser una prioridad y una obligación irrenunciable el que las administraciones públicas velen por la limpieza y la transparencia en los procesos de adjudicación de vivienda pública.

En nuestro municipio, Cádiar, existe, como en tantos otros sitios, una importante demanda de vivienda pública o vivienda social. Las actuales circunstancias económicas y sociales dificultan de una manera ostensible el acceso a la vivienda. Por eso, en la anterior Legislatura el partido Socialista de Cádiar realizó diferentes gestiones para intentar atender a esa demanda vecinal. Se creó el Registro de Demandantes de Vivienda Pública, se hicieron las gestiones oportunas para que se pasara de un régimen de alquiler a un régimen en propiedad de las viviendas sociales del municipio, se mantuvieron contactos con las diferentes empresas públicas de vivienda (VISOGSA y EPSA) para intentar una nueva promoción de viviendas protegidas e incluso se llegó a ofertar suelo público del ayuntamiento para dicho fin.


Quienes nos gobiernan actualmente, (el PP de Cádiar), parecen tener otras prioridades muy diferentes. Lo único que han hecho, hasta el momento, para atender a esa demanda ciudadana es propiciar un proceso de revisión de las circunstancias actuales de las viviendas sociales que fueron concedidas hace ya 17 años. Propiciando de esta manera la retirada de la vivienda a tres familias.

Este hecho, nos hace plantearnos hasta que punto es justo o no abrir un proceso de revisión. Parece bastante evidente que las circunstancias económicas, sociales y familiares de quienes habitan en esas viviendas han tenido que cambiar sustancialmente a lo largo de estos 17 años, y nos tememos que han cambiado para todos o para casi todos.

Una vez consumado el hecho, entendemos que la administración tiene que hacer todo lo que esté en su mano por velar por la limpieza y la transparencia en el nuevo proceso de adjudicación de estas tres viviendas. Y, desgraciadamente, tenemos la percepción de que no está siendo así:

1º.- La administración tiene bien claro que siempre tendrán preferencia a la hora de acceder a una vivienda social aquellas familias que se encuentran en una situación de exclusión social. Desde la Oposición se ha reclamado en diferentes ocasiones que se solicitara un informe a los servicios sociales del Ayuntamiento para comprobar si se encontraba alguna familia en esa circunstancia. Propuesta, que no fue atendida.

2º.- En un Pleno se decide crear una Comisión con la participación de diferentes personas independientes del municipio para valorar los diferentes expedientes, pero cuando se reúnen por primera vez deciden disolverse porque la lista que se les facilita ya viene con las baremaciones y puntuaciones realizadas.

3º.- El ayuntamiento decide enviar a la Gerencia de la Empresa de Vivienda Pública de Andalucía en Granada la lista de los titulares y suplentes para acceder a las viviendas, sin que se haya comunicado a los diferentes vecinos demandantes el resultado de las baremaciones y puntuaciones, y sin que se hayan publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento, limitando de esta manera la posibilidad de revisar el proceso y de presentar alegaciones o reclamaciones.

4º.- Después de revisar los diferentes expedientes la Oposición ha detectado errores en la valoración de determinados criterios que han condicionado el resultado final de las puntuaciones. Errores relativos a los certificados de empadronamiento y a los certificados de convivencia aportados. Existen dudas, razonadas y razonables, en cuanto a los miembros que conforman las diferentes unidades familiares o de convivencia, circunstancia que altera las puntuaciones finales.

Puestos en evidencia estos errores, en el Pleno Ordinario del pasado 31 de marzo, el alcalde se niega a realizar una revisión de oficio de los diferentes expedientes para subsanar los posibles errores, hasta en tanto, no se produzcan reclamaciones por parte de los demandantes.

No alcanzamos a entender la actitud del PP de Cádiar en este tema. Estamos hablando de algo muy serio, EL ACCESO A UNA VIVIENDA SOCIAL. Salvo que la motivación en todo este asunto no responda a ningún otro interés que el de atender a algún tipo de favor o compromiso político.

No se trata de entrar en un debate sobre las circunstancias económicas o sociales de los diferentes solicitantes, se trata de aplicar los criterios establecidos de una manera rigurosa para favorecer que sean las familias más necesitadas quienes accedan a las viviendas.
Si a lo largo del proceso se ha puesto en evidencia la comisión de errores en los criterios de valoración o puntuación, entendemos que es necesario que se produzcan las oportunas rectificaciones, simplemente por una cuestión de justicia social.

Intervención Grupo Socialista respecto a este tema en el pasado Pleno Ordinario del 31 de marzo:




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