El artículo 47 de la
Constitución Española establece que “ todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
Desgraciadamente, no
siempre se cumple con este derecho fundamental. Aunque, si debe
de ser una prioridad y una obligación irrenunciable el que las
administraciones públicas velen por la limpieza y la transparencia
en los procesos de adjudicación de vivienda pública.
En
nuestro municipio, Cádiar, existe, como en tantos otros sitios, una
importante demanda de vivienda pública o vivienda social. Las
actuales circunstancias económicas y sociales dificultan de una
manera ostensible el acceso a la vivienda. Por eso, en la anterior
Legislatura el partido Socialista de Cádiar realizó diferentes
gestiones para intentar atender a esa demanda vecinal. Se creó el Registro de Demandantes de Vivienda Pública, se hicieron las
gestiones oportunas para que se pasara de un régimen de alquiler a
un régimen en propiedad de las viviendas sociales del municipio, se
mantuvieron contactos con las diferentes empresas públicas de
vivienda (VISOGSA y EPSA) para intentar una nueva promoción de
viviendas protegidas e incluso se llegó a ofertar suelo público del
ayuntamiento para dicho fin.
Quienes
nos gobiernan actualmente, (el PP de Cádiar), parecen tener otras
prioridades muy diferentes. Lo único que han hecho, hasta el
momento, para atender a esa demanda ciudadana es propiciar un proceso
de revisión de las circunstancias actuales de las viviendas sociales
que fueron concedidas hace ya 17 años. Propiciando de esta
manera la retirada de la vivienda a tres familias.
Este
hecho, nos hace plantearnos hasta que punto es justo o no abrir un
proceso de revisión. Parece bastante evidente que las
circunstancias económicas, sociales y familiares de quienes habitan
en esas viviendas han tenido que cambiar sustancialmente a lo largo
de estos 17 años, y nos tememos que han cambiado para todos o para
casi todos.
Una vez consumado el
hecho, entendemos que la administración tiene que hacer todo lo que
esté en su mano por velar por la limpieza y la transparencia en el
nuevo proceso de adjudicación de estas tres viviendas. Y,
desgraciadamente, tenemos la percepción de que no está siendo así:
1º.-
La administración tiene bien claro que siempre tendrán preferencia
a la hora de acceder a una vivienda social aquellas familias que se
encuentran en una situación de exclusión social. Desde la
Oposición se ha reclamado en diferentes ocasiones que se solicitara
un informe a los servicios sociales del Ayuntamiento para comprobar
si se encontraba alguna familia en esa circunstancia. Propuesta, que
no fue atendida.
2º.-
En un Pleno se decide crear una Comisión con la participación de
diferentes personas independientes del municipio para valorar los
diferentes expedientes, pero cuando se reúnen por primera vez
deciden disolverse porque la lista que se les facilita ya viene con
las baremaciones y puntuaciones realizadas.
3º.-
El ayuntamiento decide enviar a la Gerencia de la Empresa de Vivienda
Pública de Andalucía en Granada la lista de los titulares y
suplentes para acceder a las viviendas, sin que se haya comunicado a
los diferentes vecinos demandantes el resultado de las baremaciones y
puntuaciones, y sin que se hayan publicado en el tablón de anuncios
del ayuntamiento, limitando de esta manera la posibilidad de revisar
el proceso y de presentar alegaciones o reclamaciones.
4º.-
Después de revisar los diferentes expedientes la Oposición
ha detectado errores en la valoración de determinados criterios que
han condicionado el resultado final de las puntuaciones.
Errores relativos a los certificados de empadronamiento y a los
certificados de convivencia aportados. Existen dudas,
razonadas y razonables, en cuanto a los miembros que conforman las
diferentes unidades familiares o de convivencia, circunstancia que
altera las puntuaciones finales.
Puestos en evidencia
estos errores, en el Pleno Ordinario del pasado 31 de marzo, el
alcalde se niega a realizar una revisión de oficio de los diferentes
expedientes para subsanar los posibles errores, hasta en tanto, no se
produzcan reclamaciones por parte de los demandantes.
No
alcanzamos a entender la actitud del PP de Cádiar en este tema.
Estamos hablando de algo muy serio, EL ACCESO A UNA VIVIENDA SOCIAL.
Salvo que la motivación en todo este asunto no responda a ningún
otro interés que el de atender a algún tipo de favor o compromiso
político.
No se trata de entrar
en un debate sobre las circunstancias económicas o sociales de los
diferentes solicitantes, se trata de aplicar los criterios
establecidos de una manera rigurosa para favorecer que sean las
familias más necesitadas quienes accedan a las viviendas.
Si a lo largo del
proceso se ha puesto en evidencia la comisión de errores en los
criterios de valoración o puntuación, entendemos que es necesario
que se produzcan las oportunas rectificaciones, simplemente por una
cuestión de justicia social.
Intervención Grupo Socialista respecto a este tema en el pasado Pleno Ordinario del 31 de marzo:
Intervención Grupo Socialista respecto a este tema en el pasado Pleno Ordinario del 31 de marzo:
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