El riesgo
de exclusión social es cada día mayor en nuestro país. El aumento del
desempleo ha provocado un número creciente de hogares que carecen de ningún
tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la reducción y el agotamiento
de las ayudas de protección social (como la prestación por desempleo o las
rentas mínimas de inserción). Efectivamente, a día de hoy, los hogares
españoles con todos sus miembros en paro son 1.737.600. Ya hay un millón y
medio de parados que no cobran prestación. Y hay más de 300 desahucios diarios.
Los datos de la Encuesta de Condiciones
de Vida (INE 2011) señalan que un 21,8%
de la población en España vive por debajo del umbral de pobreza y que el
26,1% de los hogares manifiesta llegar a fin de mes con dificultad o mucha
dificultad. El número de personas atendidas por Cáritas supera ya el millón,
multiplicándose por casi tres veces esta cifra desde 2007. Se estima que
3.200.000 familias necesitan de organizaciones humanitarias como apoyo a su
alimentación. Unicef ha denunciado que más de 2 millones de niños viven en
España por debajo del umbral de la pobreza, lo que afecta seriamente tanto a su
alimentación, como al rendimiento escolar de los menores. La infancia se ha convertido en el grupo de edad más afectado por la
pobreza en nuestro país.
Sin duda, la
crisis y los recortes están afectando gravemente a la cohesión social. La
pobreza se extiende alcanzando a clases medias súbitamente empobrecidas; se
intensifica porque no sólo hay más pobres, sino que estos tienen menos que
antes. Y lo peor es que se está haciendo crónica, es decir, que no se consigue
revertir esta situación.
A pesar de esta dramática situación, el PP no
sólo no ha sido capaz de articular una respuesta, sino todo lo contrario, desde
el mismo momento que tomaron posesión, el
Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una política descontrolada de recortes y
ajustes que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos
básicos, agravando aún más la situación de muchos ciudadanos.
Es más, todas
las medidas adoptadas por el Gobierno del PP se han dirigido a satisfacer las
necesidades de los mercados y de las entidades financieras, mientras que
los españoles han asistido impotentes a recortes de derechos y a soportar los
efectos negativos de esta crisis.
Los
Presupuestos Generales del Estado para 2013 son una vuelta de tuerca más en
este proceso de reducción del gasto social y consiguiente desmantelamiento del
Estado de Bienestar
que está llevando a cabo el Gobierno Rajoy desde su primer Consejo de
Ministros.
Todas las partidas sufren nuevos recortes, que
se suman a los recortes impuestos en los PGE de 2012 y al recorte de 10.000
millones de euros en educación y sanidad. Menos becas, más copago y el colapso
del sistema de dependencia.
Pero donde
más dramático es el recorte es en la
red básica de servicios sociales, que se ha visto reducida a 30 millones de
euros, un recorte del 40% respecto a 2012 (entonces se destinaron alrededor de
50 millones) pero que si lo comparamos con el último presupuesto del gobierno
socialista, el recorte es aún mayor, del 65%, ya que ese año el Plan Concertado
estaba dotado con 86 millones de euros.
Lo más grave es que este recorte se produce en
un momento en el que el número de
personas que necesitan ayuda de emergencia en España crece. Diversos
informes, de la Red
Europea contra la
Pobreza, Cáritas y otras entidades del Tercer Sector, nos
advierten de que cada vez hay más españoles que ya no alcanzan a pagar el
recibo de la luz, del agua; ciudadanos que han perdido la prestación por
desempleo y necesitan ayuda para alimentos, ropa, para pagar el comedor y el
material escolar.
Los
socialistas creemos que es justamente en los momentos de crisis económica
cuando más necesario se hace fortalecer el sistema de protección social. Es más, el alcance y
profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas
y nuestra obligación es ofrecer soluciones que puedan contribuir de manera
inmediata a evitar que la fractura social sea cada día mayor.
Por ello, proponemos la creación de un Fondo Estatal de Emergencia para las
Familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación total para
2013 de 1.000 millones de euros, que permita:
·
Dotar a los
ayuntamientos de nuevos fondos (400 millones de euros) para reforzar los
servicios sociales básicos, multiplicando por más de 4 el Plan Concertado que
tenían los Ayuntamientos y que el PSOE dejó en 86 M€, en lugar de reducirlo a
30 M€ para 2013.
·
Duplicar los recursos
destinados al Tercer Sector, a través de una convocatoria extraordinaria de
subvenciones (200 millones de euros) para el fortalecimiento de políticas de
inclusión social.
·
Complementar (400 millones de
euros), de acuerdo con las Comunidades Autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas,
lo que permitiría ampliar el número de beneficiarios en más de 83.000 personas.
Con este
Fondo se beneficiarían más de 500.000 familias y supondría la creación y/o
mantenimiento de 30.000 empleos en los servicios sociales.
Proponemos ampliar
los recursos que se destinan a subvencionar actividades de interés social del
0,7 al 1% del IRPF para los contribuyentes que manifiesten expresamente su
voluntad en ese sentido.
Proponemos apoyar
el mantenimiento del programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas, reforzar la financiación pública destinada a los Bancos de Alimentos y promover un gran
acuerdo para garantizar un aprovechamiento eficiente de los alimentos evitando
su destrucción sistemática.
Proponemos evitar
los desahucios mediante la renegociación de las condiciones del préstamo,
tal y como hacen las empresas, para buscar mejores condiciones y que eso les
permita a muchos ciudadanos mantener su vivienda.
Y queremos hacer esta reivindicación
precisamente en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, observado cada año tras su
declaración por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, con el
propósito de generar una mayor conciencia política y ciudadana en torno a
la necesidad de afrontar las causas de la pobreza y de la exclusión en
todos los países, y en particular, en los países en desarrollo.
En todo el mundo, alrededor de 1.300 millones de personas viven en la
pobreza extrema y casi 1.000 millones pasan hambre y no tienen acceso al
agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.
A pesar de ello, el presupuesto de ayuda al desarrollo ha caído en España un 70% desde
2011, alejando a España de los compromisos para alcanzar el 0,7%. La ayuda
humanitaria ha desaparecido prácticamente del presupuesto público en un momento
en que los conflictos, el cambio climático y la subida de precios de los
alimentos están incrementando las hambrunas, especialmente en África y países
de América Latina.
Se confirma así, a partir de estos sistemáticos
recortes del Gobierno de Rajoy, la práctica
desaparición de esta política pública, seña de identidad de nuestra acción
exterior, debilitando nuestra imagen,
credibilidad e influencia en el mundo.
Por todo ello, el Partido Socialista
quiere sumarse también a las voces de la Alianza contra la Pobreza en España
(plataforma que reúne a ONGD y diversos movimientos y plataformas sociales) que
convoca concentraciones con motivo de este día 17 de octubre en protesta por
una política de recortes que empobrece
aún más a la población tanto dentro como fuera de nuestro país.
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